Los lineamentos de las dos grandes revoluciones[490] de la independencia en el norte y en el sur del continente son demasiado diversos para que se los pueda superponer. No debe olvidarse que el grito revolucionario resonó en la América del Sur en 1810, cuando ya la Europa había olvidado la aventura a que se lanzara Francia en 1789; cuando[491] las acciones de la democracia habían sido despreciadas en el mercado político europeo, dominado como estaba por un escepticismo contra el cual tenía escasa acción el éxito relativo con que la América sajona había comenzado a poner en práctica sus instituciones democráticas. En el norte el deseo de instituir un gobierno propio[492] primaba sobre el anhelo de independencia, según lo comprueba el ofrecimiento de obediencia y de voluntaria contribución que hicieron las colonias inglesas al soberano; en el sur el deseo de independencia era lo primero y la forma de gobierno lo segundo. Fracasada la libertad de Francia en el imperio militar y desacreditada la república[493] por los crímenes del Año Terrible, la democracia[494] no tenía atractivos especiales para los promotores de la revolución, por lo menos para los espíritus más prácticos; antes bien esa forma de gobierno[495] concitaba peligros, entre los cuales el más grave era sin duda el de no alcanzar de la Europa el anhelado reconocimiento de la independencia. Si éstas son razones históricas y por lo tanto ocasionales, otras más profundas y de un orden social hicieron el proceso diferente en ambos extremos de América; y por lo que toca a la del[496] Sur, más dramático y doloroso que en el Norte. El gobierno español había establecido un régimen colonial fundado en la opresión y el egoísmo, dentro de cuyo programa absoluto no cabía el ejercicio de la más débil iniciativa local. Tan profundo fué el sello impreso por el ejercicio de este paternalismo estrecho, que sus resabios son visibles todavía en la vida política de casi todas las naciones que estuvieron un tiempo sometidas a España. En muchas de ellas la evolución político-democrática ha sido entendida, a lo sumo, como el paso de la autocracia despótica al paternalismo benévolo. Aun hoy día el estudioso podría descubrir en la legislación de algunos países de la América española, una como presunción[497] de que el pueblo es el sujeto pasivo de la actividad social ejercida por el Estado, de quien se aguardan todas las iniciativas. El Estado,[498] por su parte, no hace mucho por modificar este concepto, antes bien se apresura a confirmarlo tomando[499] así toda carga que conduzca al progreso social. Hay la tendencia a mirar este progreso, este resultado, como el fin mismo de la actividad del Estado y de aquí que esas sociedades casi carezcan[500] de legislación y de órganos para instaurar procesos sociales que tengan en vista aquellos resultados, pero en los que intervenga la actividad general, con cuyo ejercicio se perfecciona la verdadera educación democrática.